México
Desplazados por la violencia silenciosa
por Zósimo Camacho
Miles de indígenas de la Montaña de Guerrero abandonan sus comunidades en busca de sustento. Las familias sólo regresan para sepultar a quienes mueren a consecuencia de las precarias condiciones de trabajo a las que son sometidas por las trasnacionales. Agrícola Paredes se niega a indemnizar a la familia del niño David Salgado, muerto mientras cosechaba jitomate.
Zósimo Camacho / Julio César Henández, fotos / enviados
Tlapa de Comonfort, Guerrero. Rachas de aire caliente corren por las desoladas calles de Ayotzinapa, perteneciente a este municipio. Un burro deambula alrededor del exiguo y turbio río que atraviesa la comunidad nahua. A lo lejos, una anciana envuelta en su rebozo cruza apresuradamente la calle. Más allá, sólo los adustos cerros que rodean el pueblo. Montañas trágicas en las que se tuestan al sol arbustos espinosos.
Casi todos se fueron en diciembre pasado. David Salgado Aranda, de ocho años, salió con sus padres y dos de sus hermanos a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa. Fue uno de los 50 mil hombres, mujeres y niños que emigraron de Guerrero durante el año pasado, de los cuales alrededor de 25 mil salieron de la región de la Montaña, según estimaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Un éxodo que deja cientos de comunidades despobladas; viejos abandonados; escuelas sin alumnos ni maestros; iglesias sin feligreses.
David regresó muerto. El niño recogía jitomate en el campo de Santa Lucía, municipio de Costa Rica, Sinaloa. Tropezó con un cordón suelto de su pantalón y cayó en el surco justo cuando pasaba el tractor. Era 6 de enero de 2007. Su hermano, Silvestre, de 15 años, lo sacó de entre las llantas de la maquinaria, empapado de sangre y con la cabeza aplastada. Agrícola Paredes, la trasnacional que “contrató” a David y le pagaba 67 pesos al día por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tarde, se rehúsa -con la anuencia de las autoridades federales- a indemnizar a la familia Salgado Aranda.
Cruz Salgado Paris, de 53 años, y Agustina Aranda Huerta, de 44, regresaron a Ayotzinapa junto con sus otros hijos para sepultar a David. Esperan la oportunidad de volver a contratarse como jornaleros con otra trasnacional. No tienen más opciones. La magra cosecha de maíz ya se ha acabado y la tradicional elaboración de sombreros de palma les arroja una ganancia de alrededor de 20 pesos por semana.
Conteniendo las lágrimas, Agustina dice, entre frases de español y náhuatl, que “ocurrió como a la una de la tarde. Nos metimos al surco a cortar. Un hilito le agarró su piecito y me lo aventó; pero no para afuera sino que lo jaló a la batanga, que a’i venía en chinga, y me lo pasó a traer”.
Para no romper en llanto, respira profundamente. Observa a sus hijos menores, de entre dos y siete años, quienes sólo hablan náhuatl, y agrega en español: “Estos chiquitos no saben que su hermano se murió, pues no vieron. Nomás preguntan por él, que adónde anda. Nosotros les decimos que no está aquí y que a ver cuándo va a venir”.
César Paredes, el dueño de la empresa agrícola, pagó el traslado del cuerpo y el pasaje de la familia, que regresó a su tierra natal para celebrar los funerales. También costeó el ataúd, cirios y flores, así como el salario de los días en que la familia no laboró por sepultar a David. Nada más. En total, la trasnacional erogó 34 mil pesos.
Asegura que con ello ya “indemnizó” a la familia. Cuenta con el respaldo de la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo, Patricia Espinosa Torres, para quien “la empresa ya pagó lo que tenía que pagar”, según declaró al reportero Ernesto Méndez, del diario Excélsior.
Sin embargo, Margarita Nemecio, coordinadora del Programa de Jornaleros Agrícolas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rechaza que eso constituya, de acuerdo con las leyes mexicanas, una indemnización. Por ello, el centro defensor de derechos humanos ya interpuso, a nombre de la familia, una demanda en materia laboral y otra en materia penal en contra de Agrícola Paredes.
Margarita Nemecio estima que, de acuerdo con la Ley, la indemnización para la familia del niño jornalero –quien murió en horas y lugar de trabajo– debería de superar los 100 mil pesos sin contar los gastos funerarios.
La empresa de la familia Paredes cultiva mil 200 hectáreas de verduras a campo abierto y mil 500 de maíz. Aunque no invierte en ningún tipo de seguridad social para sus trabajadores, sí cuenta con la más alta tecnología para producir más de 1.2 millones al año de cajas de jitomates, tomates, berenjenas y pimientos. Se consumen en Estados Unidos y Canadá bajo las marcas Divemex, Chelita, SPV y Paris.
H.M. Distributors, con sede en Arizona, se encarga de la distribución en Estados Unidos; mientras que en Canadá los productos de Agrícola Paredes son comercializados por The Oppenheimer Group.
“Es inaceptable que Humberto Monteverde, dueño de H.M. Distributors, patrocinador de la Comisión Arizona-México, director del Fresh Produce Association of the Americas y donante en la campaña del candidato republicano de Arizona, Jon Kyl, al Senado de Estados Unidos; y John Anderson, presidente y ejecutivo de The Oppenheimer Group, y nombrado ‘Productor del año’ y ‘Empresario del año’ en Canadá, estén beneficiándose del trabajo, y a veces la muerte, de niños jornaleros en México”, dice Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Y es que para proteger a la compañía, autoridades y empresarios hicieron firmar a los padres de David –sin asesoría– documentos en los que exculpan de toda responsabilidad a Agrícola Paredes. “Lo hicieron con dolo porque la familia está muy alejada de los términos jurídicos que ahí se manejan”, dice Margarita Nemecio.
Además, a pesar de que el Ministerio Público hizo el levantamiento del cadáver en el campo, en el acta de defunción consta que la muerte del menor ocurrió “en la vía pública”. Tampoco se inició una averiguación previa para detener al conductor del tractor responsable del homicidio culposo.
La gravedad del caso motivó que el relator especial de derechos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Bustamante, condenara al gobierno mexicano.
“(Que) se sepa en el mundo que México contraviene las normas internacionales que se ha comprometido a cumplir. Y no las está cumpliendo por la manera tan amplia en que se desarrolla el trabajo infantil en el país; la mayor parte de ellos, niños indígenas menores de 12 años”, dijo al visitar a la familia de este pueblo de Ayotzinapa el 7 de marzo pasado.
El relator agregó que el presidente Felipe Calderón no puede decir a los inversionistas que “traigan su dinero porque éste es un país de leyes y que aquí se cumple la ley, pues no es cierto”.
Más muertes
Sin embargo, el caso de David no es el único. Además del niño de Ayotzinapa, durante este 2007 han muerto otros tres emigrantes oriundos de la Montaña en los campos de cultivo de verduras exóticas que ni siquiera se consumen en México. Y, de acuerdo con el Reporte anual del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales, de Tlachinollan, 12 jornaleros de esta misma región murieron en campos de los estados del norte del país en 2006 a causa de ahogamientos, intoxicaciones y accidentes vehiculares.
Constantemente los familiares de los emigrantes que mueren en accidentes de trabajo deben negociar el traslado del cuerpo con los empleadores, quienes generalmente se niegan a sufragar ese gasto. Bonifacio González Rodríguez, de la comunidad Benito Juárez, municipio de Atlamajalcingo del Monte, debió entablar –asesorado por Tlachinollan– una negociación con la empresa agrícola Rancho Miramar para que trasladara el cadáver de su hermano.
Maximino González Rodríguez murió el 5 de agosto de 2006 en los campos de Santa Catarina, municipio de Ensenada, Baja California, por “un golpe de calor”, según el parte médico. El trabajo a campo abierto con temperaturas que oscilan entre los 35 y 45 grados centígrados le provocó al indígena nu’saavi un rebote y un bombeo de la sangre que le formó cuatro coágulos en el cerebro y en la aorta.
Bonifacio se enteró tres días después, cuando sigilosamente la empresa estaba a punto de sepultarlo en Baja California para ahorrarse el traslado del cuerpo. Luego de tortuosas negociaciones, el féretro llegó a Guerrero nueve días más tarde, el 17 de agosto.
Siete municipios montañeros son los principales expulsores de mano de obra barata en el país. Cientos de comunidades de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Copanatoyac, Tlapa, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca se encuentran abandonadas.
Alrededor del 90 por ciento de la población de Ayotzinapa se fue de la comunidad en diciembre pasado. Sólo alrededor de 40 personas se quedaron. “Aquí están los que son viejitos y los que tienen sus chivitas o vaquitas; pero la mayor parte no tiene y se van a buscar trabajo pa’ que no sufran”, dice Cruz Salgado.
El pueblo luce desolado. Los pocos que se quedaron prefieren resguardarse del sol en el interior de sus casas. Con el dinero que les envían sus familiares han montado tiendas en las que esperan clientes que nunca llegan. En las calles deambulan burros y becerros sueltos. A través de las ventanas de la escuela solitaria se alcanzan a ver algunos pupitres y un escritorio. Como no hay niños, el maestro también se fue en diciembre.
En la reverberación del sol la plaza parece hecha de vapores. La iglesia se encuentra cerrada en plena cuaresma. Lejos quedaron los días de la fiesta más importante del pueblo, cuando se realizaba la petición de lluvias. En las paredes de la comisaría de esta comunidad nahua han aparecido las pintas: “Barrio 13 Sur”, presuntamente hechas por algunos jóvenes que regresaron por algún tiempo luego de trabajar en Estados Unidos.
La familia Salgado Aranda espera que Agrícola Paredes la indemnice conforme a la Ley para salir de nueva cuenta en busca de trabajo. “Aquí, la verdad, en este pueblo, no hay nada. Tenemos que buscar en otro lado el trabajo. Ya no queremos en Sinaloa pero sí tenemos que salir de aquí. Si no, qué vamos a comer. No vamos a tener dinero”, dice Cruz Salgado.
Sombreros a peso
Agustina y Cruz casi no salen de su casa. Pasan el día elaborando sombreros de palma, el único trabajo que se puede realizar en el pueblo. Confeccionan uno por día. Les pagan dos pesos por sombrero fabricado. Los venden en esta cabecera de Tlapa de Comonfort, donde también compran la palma. La que necesitan para tejer un sombrero les cuesta un peso. Así, ganan un peso por sombrero.
El matrimonio, al que le sobreviven cuatro niños, obtiene 28 pesos a la quincena en jornadas diarias que superan las 12 horas. Mientras sus manos entrelazan largas hebras de palma, Cruz platica que “es muy poquito lo que se gana en esto; ya nomás (hacemos sombreros) pa’ que no nos estemos durmiendo y para que nuestros hijos, la chiquilla, puedan comerse una galleta”.
Agrega que “ni siquiera hemos sabido en dónde venden los sombreros; creo que ni siquiera en el estado. Pero así siempre todo el pueblo… bueno, los que se quedan aquí hacemos este tipo de sombrero”.
Silvestre, quien socorrió infructuosamente a su hermano, dice que no quiere regresar a Sinaloa. Sin embargo, el adolescente sabe que no tiene otra opción más que salir de nueva cuenta en búsqueda “del trabajo que encuentre”. No terminó la educación primaria y, como para todos los niños y jóvenes de Ayotzinapa, la escuela no le representa nada. Sabe que no tiene la más remota posibilidad de acceder al “derecho a la educación”.
Espera el momento de partir, junto con su familia, y dejar más solitario su pueblo en un éxodo que no termina, donde la guerra silenciosa de la miseria desplaza anualmente de la Montaña de Guerrero 25 mil nu’saavis, me’phaa, nahuas y mestizos.
Fuente: Voltairenet -Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77
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