Las FARC, un decadente club de narcos y bandidos

Por Joaquín Villalobos
El País, de Madrid

Cuando comencé a conocer el conflicto colombiano me costó creer que los jefes de las FARC viajaran en vehículos con aire acondicionado y que sus campamentos tuvieran muchas comodidades; también me sorprendió el evidente sobrepeso de algunos de sus comandantes. La guerra civil salvadoreña se explicaba por el exceso de poder del Estado; contrariamente, el conflicto colombiano se explica, esencialmente, por la debilidad del Estado en el control de su propio territorio. Colombia tiene lugares donde no hubo gobierno durante más de 40 años. Este vacío lo llenaron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y bandidos, que se convertían automáticamente en autoridad, ante la indiferencia o anuencia de los gobiernos. Los guerrilleros salvadoreños disputamos en combate cada metro cuadrado de nuestro pequeño país a gobiernos autoritarios sostenidos militarmente por los Estados Unidos. En Colombia, por el contrario, las FARC han sido una guerrilla sedentaria que sin combatir mucho controló extensos territorios en los que no había gobierno. Por ello llevan 43 años en el monte y algunos de sus jefes han muerto de viejos. Sin embargo, en Colombia misma el Movimiento 19 de Abril (M-19) fue la primera guerrilla latinoamericana que, a costa de muchos muertos, negoció reformas políticas democráticas. Ahora el M-19, como parte del Polo Democrático, es la segunda fuerza del país. Es decir, que en Colombia la izquierda podría ganar las próximas elecciones, como ya ocurrió en Chile, la Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Guatemala y Nicaragua. Hay quienes continúan viendo a los países de América latina como repúblicas bananeras en las que la violencia política es legítima. El mapa, los tiempos y el dinero de la cocaína coinciden con el crecimiento de la violencia de las FARC en los 90. Antes de eso eran una insurgencia perezosa y, por lo tanto, poco relevante. En 1990, al morir su líder político Jacobo Arenas, las FARC se quedaron sin contención ideológica frente a los cultivos de coca que proliferaban en sus territorios. Comenzaron extorsionando narcotraficantes y terminaron siendo dueños de la mayor producción de cocaína del mundo. Transitaron de última guerrilla política latinoamericana a primer ejército irregular del narcotráfico, convirtiéndose en un reto real para el Estado colombiano. Los gobiernos de los últimos 20 años tuvieron que comenzar a revertir la debilidad del Estado y a corregir abusos pasados. Primero acordaron la paz con las insurgencias políticas; luego desarticularon a los grandes carteles de narcotraficantes que dirigía Pablo Escobar; seguidamente un gobierno bogotano inventó formas exitosas de combatir la cultura de violencia, y finalmente iniciaron la recuperación del campo. Propusieron negociaciones a las FARC, que fracasaron debido al secuestro de 12 parlamentarios que fueron ejecutados en junio de 2007. La fuerza del ejército y la policía crecieron y se desplegaron de forma permanente en los 1120 municipios de Colombia. Los paramilitares empezaron a ser combatidos y desmovilizados. Los jefes guerrilleros perdieron sus vehículos con aire acondicionado y sus campamentos con heladera. Acorralados, incurrieron en el terrorismo. Unos 117 pobladores murieron refugiados en la iglesia de Bellavista cuando ésta fue destruida por las FARC; un coche bomba con 200 kilos de explosivos demolió un club bogotano lleno de familias. Esto se volvió cotidiano, y los civiles muertos y heridos sumaron miles. Secuestro y narcotráfico Sin embargo, ahora la violencia de las FARC es decadente y, en 2007, no pudieron realizar una sola toma u hostigamiento a los poblados que controla el Estado. Sus combatientes se desmovilizan masiva y voluntariamente, 2400 sólo el año pasado, y hay evidencia pública de que algunos jefes guerrilleros han recuperado las comodidades perdidas en el territorio venezolano. Las FARC no tienen futuro como guerrilla, aunque lo tengan como narcotraficantes. La inmensa selva colombiana les facilita mantener a los rehenes que secuestraron en el pasado y usarlos como su último cartucho político. Las duras condiciones en las que mantienen a éstos evidencian desmoralización y pérdida de control; ni siquiera sabían dónde estaba el niño Emmanuel. Las FARC hicieron del secuestro, la extorsión y el narcotráfico sus principales actividades. Son los mayores secuestradores del planeta. Una insurgencia negocia a partir de la legitimidad política de sus demandas o de la fuerza militar que detenta, pero exigir legitimidad a cambio de rehenes maltratados y amenazados de muerte equivale a pedir respeto por ser malvado. El antineoliberalismo no justifica explotar el dolor de las familias de los rehenes. Si Chávez estuviera sólo ayudando a salvar rehenes sería positivo, pero su reconocimiento político a las FARC reaviva la violencia colombiana, le abre las puertas de su país a la cocaína y lo convierte en protector de unos crueles narcoterroristas.

El autor es un ex guerrillero salvadoreño, cofundador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Hoy mantiene una postura crítica sobre la izquierda de la región y se desempeña como consultor internacional para la resolución de conflictos.

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Se trata de una crónica periodística.
Pueden consultarla también en http://blocdeperiodista.com/2007/11/el-video-preferido-de-alberto-f-ahora.html

Frente a otro desafío de Moyano

Por Luis Laugé De la Redacción de LA NACION

Después de la tregua con el Gobierno para que nada alterara la elección que consagró, como quería, a Cristina Kirchner, el camionero y jefe de la CGT, Hugo Moyano, volvió a entrar ayer en acción: lo hizo para ratificar su poder con miras a ser reelegido al frente de la central obrera y a establecer que el papel del gremialismo en el pacto social que promete la próxima presidenta no puede tenerlo como convidado de piedra. Bastó un dictamen de comisión de la Legislatura porteña que supuestamente perjudica a los gremios del transporte –según una visión sindical extremadamente corporativa– para que tanto los camioneros, bajo la acción concreta de su hijo Pablo, como el sindicato de peones de taxis, que conduce Jorge Omar Viviani, provocaran graves destrozos y atacaron a policías frente a la sede del cuerpo legislativo. Pero la lectura de los incidentes y el inusitado llamado inmediato a un paro nacional, para dejarlo sin efecto algunas horas después, describieron claramente el condimento más político que gremial de la medida, a pesar de las excusas que los sindicalistas esgrimieron. Cuando la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña dio despacho ayer al dictamen que castiga con la disminución de puntos y posible quite de la licencia de conductor a aquellos que cometan infracciones, Pablo Moyano -presente en la reunión- dio la orden de batalla. En la calle, camioneros y taxistas iniciaron una gresca monumental. Fue el pretexto justo que necesitaba su padre después de cansarse de que usinas empresarias y del Gobierno comenzaran a relativizar los aumentos de sueldos futuros y, en el mejor de los casos, los limitarían a los índices engañosos del Indec. La puja interna sindical tampoco cesa. Aunque los representantes de la UTA (choferes de colectivos) venían reclamando que no se votase esta ley en la Legislatura, sus delegados no participaron de los incidentes. La UTA, que conduce Roberto Fernández, responde gremialmente al liderazgo del gastronómico Luis Barrionuevo, tenaz rival de Moyano. Como tal, Barrionuevo no quiso ser funcional a Moyano y menos aún castigar a Cristina Kirchner. El "apriete" de los sindicatos del transporte al poder oficial se anticipó antes de las elecciones presidenciales en un congreso de La Fraternidad realizado en Carlos Paz. A la moderación de Moyano siguió la ofuscación del jefe ferroviario Omar Maturano, previo acuerdo con el camionero. "Quien sea elegido presidente (sabiendo del respaldo sindical a Cristina Kirchner) debe entender que el poder real pasa por los gremios del transporte", no dejó dudas. Moyano lidera el sector y en julio próximo quiere ser reelegido al frente de la CGT. En comunicación permanente con el ministro preferido del sector, Julio De Vido, Moyano pensó que la mediación del funcionario para levantar el paro lo dejaría bien parado frente al Gobierno. Inteligente, De Vido no fue suicida y explicó al camionero que lo mejor era levantar la huelga. Es que en el Gobierno lo verían como el autor ideológico de un "apriete" sindical.

¿Tenemos que combatir la tiranía con los instrumentos de los tiranos?

por Silvia Cattori, Dick Marty - 3 de noviembre de 2007
Despuès de una larga investigación acerca de los secuestros y vuelos secretos de la CIA en Europa, Dick Marty ha dejado establecido que, lejos de ser casos aislados, estos se han convertido en una práctica corriente. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa ha llegado en definitiva a la conclusión de que se trata de un sistema organizado con pleno conocimiento, si no con la complicidad, de los Estados europeos.

«Cuando, en noviembre de 2005, el diario The Washington Post reveló que agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) habían secuestrado a presuntos terroristas musulmanes y los habían internado en centros secretos ilegales, yo estaba lejos de imaginar lo que me sucedería durante los siguientes meses. Aquel mismo día, la ONG americana Human Rights Watch publicaba un informe que ofrecía una información similar y precisaba, además, que los centros de detención se encontraban en Polonia, Rumania y en otros países de Europa oriental. [Esos datos provenían de] fuentes situadas, según supimos posteriormente, en los propios círculos de la CIA.
Paralelamente, la cadena radial ABC publicaba en su sitio de Internet una información análoga. Esta (información) estuvo en línea solamente media hora ya que el propietario de esa radio intervino para prohibir su difusión. En cuanto supo de la prohibición, el periodista se apresuró a avisarle a sus amigos para grabaran la noticia antes de que desapareciera, para la posteridad.
Las revelaciones del Washington Post y de la ONG Human Rights Watch no eran realmente una novedad. El periodista Stephen Grey, por citar sólo un ejemplo, ya había publicado artículos que hablaban de las «restituciones extraordinarias» y de «deslocalización de la tortura» pero, en aquel momento, la opinión pública no tomó verdaderamente conciencia del asunto.
Con esto estoy diciendo que, es cierto, hubo una prensa que habló de los secuestros de la CIA y de sus prisiones secretas, pero al mismo tiempo se pudo comprobar rápidamente que hubo presiones intensas para hacerla callar. Se descubrió más tarde que hubo una reunión en la Casa Blanca con los jefes de redacción de los principales periódicos americanos, [reunión] que tuvo probablemente como objetivo indicarles hasta qué punto hubiese resultado inoportuno difundir informaciones sobre la lucha contra el terrorismo.
Desde el momento en que se conocieron estos indicios sobre la existencia de prisiones secretas en Europa, el Consejo de Europa reaccionó inmediatamente: la Asamblea parlamentaria ordenó un informe sobre esos secuestros, cuya existencia, de comprobarse, era evidentemente contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos.
Quiero recordar que no hay otra organización intergubernamental que tenga una dimensión parlamentaria tan acentuada y fuerte como el Consejo de Europa. La Asamblea parlamentaria se compone de delegaciones de los diferentes parlamentos de los 46 países miembros. Esas delegaciones representan a los parlamentos nacionales, a los diferentes partidos, tienen que representar a los dos sexos y, de forma proporcional, a todas las minorías de sus países; por ejemplo, Suiza tiene 6 diputados y 6 sustitutos, o sea 12 diputados del Consejo Nacional y del Consejo de Estados están activos en ese recinto.
Quiso el azar que, dos días después de las revelaciones del Washington Post y de la ONG Human Rights Watch, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea parlamentaria se reuniera en París para, precisamente, elegir a su nuevo presidente. Me propusieron a mí y fue así que me encontré a la cabeza de la Comisión.
Lo primero que tuve que enfrentar fue el asunto de los secuestros y las prisiones secretas. Me di cuenta de lo que aquello podía representar varias semanas después, cuando, el 25 de noviembre de 2005, en Bucarest, la Asamblea parlamentaria tenía que confirmar el mandato que la Comisión me había confiado. La conferencia de prensa que anunciaba mi nominación como relator estuvo a punto de convertirse un motín, debido a la cantidad de periodistas. No fue hasta ese momento que percibí plenamente el carácter explosivo del asunto y que mi trabajo había comenzado verdaderamente.
La prensa me designa habitualmente como «el investigador» del Consejo de Europa. En realidad, yo no era ni soy un verdadero investigador, ya que un investigador tiene la posibilidad de citar personas, de confiscar documentos, de arrestar personas. Poderes que yo tuve durante 15 años, como fiscal, ¡pero de los que carecí cruelmente durante este trabajo! Decidí entonces luchar en el mismo terreno de aquellos de quienes se sospechaba que habían mantenido las prisiones secretas, y tratar así de realizar un trabajo «de inteligencia».
Pero, en ese terreno también me encontraba prácticamente sin medios: tenía a mi disposición el secretariado de la Comisión, pero este estaba totalmente sobrecargado de trabajo. Finalmente pude obtener la ayuda de un joven colaborador escocés de 28 años. Juntos establecimos contactos con periodistas de investigación independientes, con organizaciones no gubernamentales, con profesionales de «la inteligencia» de diferentes países. Y comenzamos a buscar y componer las piezas del rompecabezas.
Por su lado, a principios de 2006, el Parlamento de la Unión Europea también decidió abrir una investigación parlamentaria sobre los vuelos y las prisiones secretas de la CIA en Europa. Como Polonia es miembro de la Unión Europea y Rumania aspira a serlo, el Parlamento quería verificar lo sucedido. Se creó una comisión ad hoc de 46 diputados. Esa comisión, dotada de grandes medios –13 personas del secretariado trabajaban únicamente en este asunto–, se reunía todas las semanas y realizaba esencialmente audiencias. Aunque las audiencias de esa comisión se desarrollaban a puertas cerradas, no se podía garantizar el menor secreto. Mientras que yo, al trabajar solo, tenía la posibilidad de garantizar la confidencialidad de las fuentes. Así que teníamos una metodología y un enfoque completamente diferentes.
Presenté el primer informe en enero de 2006 y el informe principal a principios de junio de 2006. Pude obtener una ayuda importante del ministerio público de Milán. Yo conocía personalmente a los magistrados que estaban investigando la desaparición de Abu Omar, un ex imam de la mezquita de Milán, de origen egipcio, que había obtenido el asilo político en Italia hacia varios años. Aquellos magistrados lograron probar que Abu Omar había sido secuestrado en febrero de 2003 por agentes de los servicios secretos americanos que lo habían transportado en una camioneta hasta la base italiana de la OTAN de Aviano. Y de Aviano lo llevaron a Ramstein, sobrevolando Suiza. Luego, de Ramstein, fue llevado al Cairo, donde fue entregado a las autoridades egipcias que lo torturaron.
Quiero subrayar aquí la importancia de la independencia de la justicia. El ministerio público milanés actuó a pesar de la hostilidad manifiesta del gobierno de Berlusconi, que hizo todo lo posible por sabotear aquella investigación. Fue gracias al excelente trabajo de los magistrados y de ciertos servicios de la policía milanesa –hicieron una investigación absolutamente notable– que 25 agentes de la CIA implicados en el rapto del imam fueron identificados y que la fiscalía de Milán pudo emitir una orden internacional de arresto contra 22 de ellos.
Los magistrados milaneses pusieron a mi disposición todas las actas de la investigación. Las examiné durante una semana. Y tuve entonces la convicción moral de que estaba ante la pista correcta, de que estábamos ante un sistema, ante una lógica sofisticada, que era imposible que todo aquello pudiera suceder sin la colaboración, a uno u otro nivel, de las autoridades locales y que el Pentágono y la CIA no podían ser los únicos servicios implicados en esas «restituciones extraordinarias».
¿Qué significa el término «restituciones extraordinarias» utilizado oficialmente por la CIA?
En la práctica eso consiste en secuestrar a personas sospechosas de tener un vínculo con el terrorismo, sin que esa acusación haya podido ser verificada por la autoridad judicial, y en entregarlas a las autoridades de sus países de origen, donde son sometidas a interrogatorios brutales.
El objetivo de esas «restituciones» secretas es conseguir información mediante actos de tortura y obtener, mediante la presión de amenazas, que colaboren con los servicios secretos y que actúen prácticamente como agentes infiltrados. Fue en base a ese concepto de «restituciones» que los agentes de la CIA secuestraron probablemente a más de 100 personas. Hasta ahora no tenemos datos precisos.
Cuando la opinión supo de ese sistema de «restituciones extraordinarias», ello dio lugar a duros debates en Estados Unidos. Se trató entonces de justificar jurídicamente esas «restituciones extraordinarias». El jurista que elaboró la teoría de ese sistema es el actual ministro de Justicia, Roberto Gonzales(ya no es más hoy en día, sustituído ndlr) [1], quien, en el sistema americano, es a la vez el fiscal general de Estados Unidos.
Esas «restituciones», cosa que me había parecido clara desde el principio, suponían una logística, y por tanto la existencia de centros de detención intermedios. Se supo después que muchas de las personas secuestradas que no habían sido entregadas a sus países de origen fueron internadas en prisiones secretas, ya sea en Bagram (Afganistán), en Abu Ghraib (Bagdad), o en Guantánamo.
El 5 de diciembre de 2005, la señora Rice, mientras justificaba las «restituciones extraordinarias y la existencia de Guantánamo», nos dio un importante indicio cuando declaró que «Estados Unidos no había violado la soberanía de los Estados europeos». Yo pienso que la señora Rice estaba diciendo, por una vez, la verdad. Al decir eso estaba revelando que lo descubierto en diferentes países europeos sobre las prisiones secretas se había hecho con la colaboración de los servicios del Estado interesado [2]; por consiguiente, no hubo violación de la soberanía por parte de Estados Unidos. Al expresarse así, la señora Rice les quiso decir a los europeos que estaban criticando a Estados Unidos: «no se pasen de listos que ustedes mismos utilizaron en el pasado el sistema de las «restituciones».
La señora Rice se refería así al caso del terrorista Carlos [3], secuestrado en Sudán por los servicios secretos franceses. Pero la gran diferencia con ese caso, [diferencia] que ella ignoró, es que Carlos fue entregado a la justicia francesa [4], que tuvo un juicio justo y que pudo incluso recurrir a la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo [5]. Por lo tanto, existe aquí una diferencia fundamental. Ese tipo de «restituciones» se puede defender cuando las personas buscadas están en países que no colaboran con la justicia o que no disponen de medios para arrestar y entregar las personas buscadas y cuando su objetivo es entregar las personas así secuestradas a los órganos de la justicia ordinaria.
En lo tocante a nuestras investigaciones, fue sobre todo en Polonia y en Rumania que confrontamos grandes dificultades. La gente con quien nos reunimos en esos países estaba absolutamente aterrorizada con la idea de que, si hablaban, sus declaraciones pudieran comprometer a sus países. En Rumania sobre todo, donde se convirtió en una cuestión de interés nacional el no decir nada que pudiera poner en peligro su pedido de admisión en la UE.
El papel de países como Suiza en la colaboración con los secuestros de la CIA resultó marginal, aunque ello no deja de plantear importantes interrogantes. Incluso países como Suecia están implicados, lo cual resulta muy inquietante. La policía sueca entregó espontáneamente a los agentes de la CIA dos egipcios que habían obtenido asilo. Hay testimonios de la policía que demuestran que los agentes de la CIA inflingieron malos tratos a esos egipcios, desde el aeropuerto mismo. Luego de su transporte al Cairo, sufrieron enseguida las mismas torturas que el imam Abu Omar. La Comisión de la ONU contra la Tortura condenó a Suecia por ese caso.
Otros países, como Bosnia, también entregaron personas espontáneamente. Cuando interrogamos a las autoridades bosnias, estas admitieron esos hechos y los deploraron.
Canadá también colaboró activamente con la CIA en esos secuestros ilegales. Ese país acaba incluso de pagar una indemnización de 10 millones de dólares a una persona de origen canadiense que estuvo detenida durante varios años en Guantánamo cuando en realidad no había absolutamente nada que reprocharle.
En Estados Unidos, las personas puestas en libertad no han recibido ninguna excusa ni indemnización. Actualmente hay 5 abogados que trabajan juntos en Estados Unidos y que están encargados de la defensa de los intereses de esas personas secuestradas. Esto dará lugar a toda una serie de acciones judiciales contra el gobierno de Estados Unidos.
Esta perspectiva de los hechos incita a varias reflexiones.
La administración de Estados Unidos ha tomado decisiones basadas en las siguientes consideraciones: el terrorismo constituye una amenaza tan grave que nuestro país tiene que considerarse en guerra. Nuestro sistema judicial resulta completamente incompatible con esta guerra. Así que, adiós a la justicia, bienvenidos sean Guantánamo, las prisiones secretas, se acabaron los juicios y todo eso. Necesitamos obtener información a toda costa.
Pero cuando se habla de «guerra», hay que hablar necesariamente del derecho de la guerra. Cuando se habla del derecho de guerra, hay que mencionar la Convención de Ginebra. Y cuando se habla de la Convención de Ginebra, eso quiere decir que hay que comunicar los nombres de todos los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja y autorizar las visitas de sus delegados.
Pero Estados Unidos también estimó que la Convención de Ginebra no es un instrumento adecuado cuando se trata de enfrentar el terrorismo. Y escogió una tercera vía, la de la arbitrariedad –no la de la justicia, no la del derecho internacional–, una vía que ni siquiera es aplicable en el territorio de Estados Unidos y que no es válida para utilizarla contra los ciudadanos americanos. Así que se estableció una especie de sistema de apartheid jurídico. Por supuesto, se trata de un modelo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra sensibilidad ni con nuestra tradición jurídica. Y sin embargo, los Estados europeos han aceptado implícitamente ese sistema.
Lentamente, los hechos nos están dando la razón. La mayoría de los gobiernos europeos, a uno u otro nivel, colaboraron activamente con Estados Unidos en la instauración de esa doctrina de las «restituciones extraordinarias», con su puesta en ejecución y con todo lo que ello implicaba. O lo toleraron, o lo sabían y no protestaron. Sí, hubo algunas protestas más o menos corteses sobre el tema de Guantánamo. Pero en lo tocante a lo demás –«restituciones extraordinarias», detenciones secretas y uso de la tortura– fingieron no saber nada.
Cuando tuve conocimiento [del contenido] de las actas de la investigación italiana, me puse en contacto con mi ex colega Armando Spataro, el fiscal adjunto de Milán encargado de la investigación sobre el rapto de Abu Omar. Le expresé mi convicción: no era posible que todo eso hubiera podido suceder sin la participación ya sea de la policía, ya sea de los servicios de inteligencia italianos. Y esa era su opinión.
En el mismo momento, en Bruselas, ante la Comisión investigadora del Parlamento Europeo, el jefe de los servicios secretos militares italianos, el señor Nicola Pollari, hacía una declaración en la que desmentía toda implicación en el caso, donde decía que nunca había sabido nada y que no había colaborado en lo absoluto con ese tipo de actividades.
Es importante que se sepa que hoy en día el señor Pollari ha sido depuesto por el nuevo gobierno y que comparece ante el tribunal de Milán porque se ha probado que los servicios secretos italianos, que él dirigía, colaboraron estrechamente con los agentes de la CIA en el secuestro de Abu Omar. Se trata de hechos ahora demostrados: la primera persona que se acercó a Abu Omar, identificándose como «policía» y exigiéndole «sus documentos», fue un agente del servicio de inteligencia italiano, el cual confesó. Segundos más tarde, metían a Omar en una camioneta y lo entregaban a los agentes americanos.
Se ha podido comprobar, en otros países también, hasta qué punto la colaboración con las acciones de los servicios secretos americanos tuvo un carácter activo. Lo que me impresionó durante esta investigación –quizás yo era y sigo siendo aún demasiado ingenuo– es hasta qué punto los gobiernos europeos mintieron y siguen mintiendo, activamente o por omisión. Están mintiendo, o, en todo caso, se niegan a decir la verdad, y dándose muy buena conciencia, [diciéndose a sí mismos que lo hacen] por el interés superior del Estado; que hay un secreto de Estado y que, por tanto, se puede, se debe mentir.
Ayer fue la Fiscalía de Munich la que emitió 13 órdenes de arresto contra agentes secretos de Estados Unidos acusados de haber secuestrado a Khaled El-Masri, ciudadano alemán de origen libanés.
Yo me reuní con Khaled El-Masri cuando nadie le creía en Alemania. Fue secuestrado en Macedonia y trasladado a Kabul, donde fue sometido a actos de tortura durante varios meses. Después lo llevaron de nuevo a Europa, lo liberaron en algún lugar de Albania y, finalmente, al cabo de una lucha encarnizada, se logró demostrar que Khaled El-Masri había dicho la verdad, que fue realmente secuestrado por los agentes de la CIA, muy probablemente con la colaboración de agentes alemanes.
Cuando me reuní con el fiscal alemán, le entregué la información que habíamos recogido en Macedonia. Ayer, en un comunicado, la Fiscalía de Munich indicó que había logrado seguir la pista de los 13 agentes de la CIA, gracias a la cooperación y la información recogida por la policía española, por la Fiscalía de Milán y por mí mismo, el relator del Consejo de Europa.
Si digo esto no es por elogiarme a mí mismo sino simplemente para demostrar que, si una persona –trabajando con un solo colaborador– pudo llegar a este resultado, hubiésemos podido llegar infinitamente más lejos en la búsqueda de la verdad de haber existido la menor voluntad por parte de los gobiernos europeos, incluyendo el suizo.
Mi convicción –aunque no puedo probarlo aún– es que los gobiernos europeos han firmado acuerdos secretos con Estados Unidos, posiblemente como consecuencia de la gran conmoción que provocaran los acontecimientos del 11 de septiembre [6]. Eso explicaría, aunque sin ser ello una excusa, su silencio.
Suiza no escapa a la crítica. Los aviones pertenecientes a la administración de Estados Unidos gozan de un permiso anual de vuelo. Esos aviones de la CIA vuelan por toda Europa. La mayoría de esos vuelos sirven para transportar el material logístico de la CIA, que tiene numerosas oficinas casi en todas partes. La Confederación renovó ese permiso de vuelo aún sabiendo que aviones de la CIA muy posiblemente habían abusado de esa concesión al transportar a Abu Omar, secuestrado en Milán, a través del espacio aéreo helvético; lo cual constituye un acto criminal que justifica asimismo la competencia de las autoridades penales de nuestro país para buscar y castigar a los culpables.
Cuando se le preguntó al Consejo Federal la cantidad de vuelos y aterrizajes de los aviones de la CIA en Suiza, se nos respondió que habían sido 3 vuelos. Una hora después de esa confesión, Amnesty International mencionaba 4 vuelos. Hoy sabemos que hubo por lo menos 48 vuelos. Eso demuestra que incluso por parte de las autoridades suizas hubo falta de voluntad de tratar de buscar la verdad. ¡Nos habría gustado que, en lo tocante a la cantidad de vuelos, el Consejo Federal hubiese sido más preciso en sus respuestas!
Como acabo de señalar, el sobrevuelo por parte de aviones que transportan personas secuestradas es un crimen que cae dentro de la jurisdicción de la autoridad penal suiza. Tuvo que pasar muchísimo tiempo antes de que la fiscalía de la Confederación se decidiera a abrir una investigación, a pesar de que el expediente de los magistrados italianos probaba de manera irrebatible que el avión que había sobrevolado Suiza transportaba a Abu Omar. Cuando se le preguntó a la Oficina Federal de la Aviación Civil: «¿Tal o mas cual avión sobrevoló Suiza el 13 de febrero de 2003 ?», enseguida se nos respondió: «Sí, señor, dos veces; por la mañana, proveniente de Ramstein y con destino a Aviano, y por la tarde desde Aviano y con destino a Ramstein». Eran el mismo destino y los mismos horarios que en el expediente de la policía italiana.
Pensamos, por consiguiente, que es casi seguro que hubo acuerdos secretos, pero que hubo además una política, intereses que prevalecían por sobre los valores y los principios políticos. Yo estoy plenamente conciente de que el papel del gobierno es preservar los intereses del país, de que puede haber situaciones de conflicto. Sin embargo, yo habría preferido, en lo personal, que en vez de mentir nos hubiesen dicho francamente: tenemos tantos intereses en juego con Estados Unidos que no podemos enemistarnos con ellos.
Todo eso demuestra que ha habido, por parte de las autoridades suizas, una falta de voluntad política de buscar la verdad. Hoy tengo la íntima convicción, lo repito, de que ha habido acuerdos secretos, formales o informales, entre Estados Unidos y Suiza, al igual que con otros países europeos. Y si eso hubiera sucedido solamente a nivel de los servicios de inteligencia, sería más inquietante aún.
En estos últimos días hemos sabido por la prensa que la fiscalía de la Confederación, directamente o a través de la policía, ha realizado actos de investigación en Guantánamo. Las autoridades suizas han transmitido por tanto a las autoridades de Estados Unidos listados de nombres y fotos de musulmanes detenidos en Suiza para obtener informaciones sobre ellos entre los detenidos de Guantánamo. Lo cual equivale a aceptar que sí se puede arrancar información mediante la tortura. Yo considero que eso es simplemente escandaloso. Ya que, por un lado, nuestra ministro de Relaciones Exteriores, la señora Calmy-Rey, le dice amablemente a la señora Condoleezza Rice que la prisión de Guantánamo no es aceptable, que habría que cerrarla, que es una violación del orden jurídico internacional; y por el otro lado, nuestras autoridades federales legitiman ese tipo de estructuras y las torturas que estas implican mediante la realización de actos de investigación en Guantánamo, sabiendo perfectamente que las posibles pruebas obtenidas mediante el uso de la tortura o en prisiones secretas no pueden ser aceptadas por ningún tribunal en Europa.
Durante todo este período de la investigación me sentí a menudo muy solo. Pero, ironía del destino, hoy puedo agradecerle al presidente Bush el haberme prestado indirectamente un importante apoyo cuando, el 6 de septiembre de 2006, reconoció por fin la existencia de las prisiones secretas. A partir de ese momento, mi informe sobre los secuestros y los vuelos de la CIA adquirió singular importancia.
Otro elemento alentador y positivo es lo que acaba de suceder en Alemania, donde los 13 agentes del servicio de espionaje americano que secuestraron a Khaled El-Masri están siendo acusados. Hay que agregar a esto el juicio de Milán así como los pasos de la justicia española que está reclamando acceso a todos los documentos de los servicios secretos españoles sobre los aviones de la CIA. En suma, creo que una dinámica de la verdad se ha puesto en marcha. También me sorprendió agradablemente la calidad de ciertas ONGs en Estados Unidos así como el dinamismo que han manifestado ciertos círculos de la sociedad civil. Si algunos hechos han salido finalmente a flote es en parte gracias a esas ONGs americanas.
Resulta de importancia primordial tener una prensa independiente. Ya se ha visto hasta qué punto la prensa está al servicio del poder. Hay un ejemplo más claro aún: el del acondicionamiento de la opinión, a través de la prensa, a favor de la guerra en Irak. No puede haber verdadera democracia sin una prensa verdaderamente independiente, tanto del poder político como del poder económico.
Un elemento totalmente fundamental es la independencia de la justicia. Y cuando digo justicia estoy pensando también y sobre todo en la fiscalía. Si, en este caso, Italia pudo encontrar la verdad fue gracias a la independencia del fiscal que pudo actuar a pesar de la hostilidad del poder político. Según el sistema italiano, la fiscalía esta considerada como una autoridad judicial en todos los sentidos y los policías que trabajan con la fiscalía gozan de la misma independencia.
Insisto en ese punto porque en Suiza al actual jefe del departamento de justicia y de policía le gustaría tener bajo su exclusiva vigilancia a la fiscalía de la Confederación. Eso está pasando en medio de la total apatía de la clase política, que da la impresión de no estar interesada en los problemas de la justicia. Todo eso me parece muy peligroso y creo que debiera haber una reacción.
¿La lucha contra el terrorismo justifica estos medios?
Todos los días veo gente que dice: «Ah, el terrorismo es tan peligroso. Tenemos que aceptar la tortura porque puede salvar vidas». Ese tipo de razonamiento me parece falso y extremadamente peligroso [7].
Es cierto que los terroristas son peligrosos ya que su objetivo es destruir, por cualquier vía, nuestro sistema de democracia y de valores occidentales. Así y todo, resulta chocante que, para combatir a los terroristas, nosotros mismos renunciemos a instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático, que renunciemos a ese principio esencial que son los derechos humanos y la garantía de juicios justos, [que renunciemos] al sistema judicial. Al hacerlo estamos legitimando indirectamente a toda esa gente que, ante esas violaciones, viven hoy convencidos de que están combatiendo un sistema que es brutal, que es ilegal, que utiliza la tortura. Y, lo más importante es que esos actos ilegales pueden crear un movimiento de simpatía hacia los autores de actos de terrorismo.
Cuando yo colaboré con el gran jefe del antiterrorismo italiano, el general Carlo Alberto dalla Chiesa, este me dijo: los terroristas son locos furiosos, pero no son tantos. Se hacen verdaderamente peligrosos cuando hay alrededor de ellos una corriente de simpatía. Eso los estimula, los motiva, los carga de energía. He ilustró sus palabras con la siguiente imagen: la simpatía es para el terrorismo como el oxígeno para el fuego. Estoy convencido de que esa es la verdad.
Lo que también me chocó durante mi trabajo fue comprobar que hay una ausencia total de estrategia en el marco de esta guerra contra el terrorismo.
Estados Unidos dijo: Ni justicia, ni Convención de Ginebra. Le damos total libertad de acción a los servicios secretos y al Pentágono.
Nunca hubo debate, entre Estados Unidos y Europa, sobre la manera de conducir la lucha contra el terrorismo. Pero tampoco hubo nunca, en el interior de Europa, un verdadero debate sobre la estrategia a seguir.
Además, que yo sepa, no existe una definición jurídica internacional sobre el terrorismo. Hay convenciones que hablan del terrorismo, pero no hay una verdadera definición del terrorismo.
Pienso que posiblemente habría que modificar, adaptar ciertos mecanismos del sistema actual en materia de procesamiento policial y judicial. Pero yo afirmo que la democracia y el aparato judicial cuentan con los medios para enfrentar la amenaza que representa el terrorismo. Yo creo que hay otras amenazas que son tan peligrosas como el terrorismo. Me refiero a la corrupción, por no poner más que un ejemplo, que es un mal que está causando inmensos desastres a través del planeta. Por lo demás, un verdadero instrumento de lucha contra el terrorismo está al nivel político.
Estoy completamente convencido que mientras no resolvamos el problema de la Palestina, mientras que no ofrezcamos una solución política y una esperanza de vida en la dignidad a cientos de miles de palestinos, que han nacido, que han crecido, que han visto a sus padres morir presos al interior de campos de refugiados, -y que han perdido toda esperanza-, continuará desgraciadamente habiendo personas que están dispuestas a hacerse explotar con una bomba, como lo hemos podido apreciar últimamente con esa abuela en Gaza.
Y ¿cómo no queremos tener terroristas cuando hay guerras basadas en mentiras? Lo que me inquieta, en el fondo, y lo que me chocado profundamente en toda esta historia es la indiferencia, es la indiferencia. ¿Cuántas personas me han dicho?: ¿Por qué haces todo eso? ¡Son terroristas! Los americanos tienen razón. Y después agregaban: «Sólo son musulmanes».
¡Qué aberración! Pienso que estamos cometiendo un error histórico al criminalizar el Islam. Estamos empujando todo un sector del Islam hacia el extremismo; un error que, según temo, va a costarnos muy caro.
«¿Hay que combatir la tiranía con los instrumentos de los tiranos?» Ese es el título que he querido dar a esta conferencia y será además mi conclusión. La frase no es mía. Es una frase que leí en un juicio de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre un caso de terrorismo, en boca de la jueza Sandra Day O’Connor: «Si nuestro país quiere seguir siendo fiel a los valores que simboliza nuestra bandera, no podemos combatir la tiranía con los instrumentos del tirano».

Silvia CattoriPeriodista suiza.Los artículos de esta autora o autor Dick MartyDoctor en Derecho, Dick Marty es miembro del Consejo de los Estados de la Confederación Helvética, miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, preside la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Esta comisión le encargó la elaboración de un informe sobre las alegaciones ligadas a la existencia de prisiones secretas de la CIA en Europa

El texto de este artículo de VOLTAIRENET, es una transcripción de Silvia Cattori a partir de una conferencia ofrecida el 1º de febrero de 2007 en la universidad de Neuchatel y publicada con la amable autorización del autor.

Trata de blancas en Centroamérica

(Por: Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados) Para las organizaciones no gubernamentales, el caso de la niña nicaragüense Jackeline, secuestrada en 2004 por una red internacional de trata de blancas, es emblemático: demuestra cómo opera este negocio ilícito que se ha convertido en el tercero más lucrativo a nivel mundial.
... Ví cosas que no pensé que existieran. Lo peor, hice cosas que no pensé que haría. Los prostíbulos están llenos de niñas, vendidas por traficantes y abandonadas por sus padres. Las veía prostituirse y deseaba que cualquiera de ellas fuera mi hija. Me conformaba con acariciarles el cabello, me ilusionaba pensando que en el siguiente burdel encontraría a mi Jackeline. Todo lo que he sufrido es nada frente a lo que estará pasando mi niña.”
.... En México quedó inconclusa la búsqueda, porque María ya no pudo costear la travesía. “Hice todo por encontrar a mi hija”, dice. Regresó a su antiguo trabajo y ahorra para volver a Tapachula. Sabe que su hija es adicta a la heroína, pero dice, “no importa como la encuentre, lo único que quiero es recuperarla”.
El llanto se desborda cuando habla de Jackeline. Estrecha entre sus brazos el gastado fólder donde carga copia de las denuncias que no puede leer y que firmó con una cruz, y fotografías de su hija, incluida una donde aparece como reina de belleza en una fiesta de pueblo.
“Era muy sociable, alegre, quería aprender más de lo que sabía. Reía todo el tiempo. Se comunicaba con sus hermanos. Soñábamos con sus 15 años. Quería tener una fiesta única. Abrimos una cuenta bancaria para ahorrar, pero no se pudo hacer”, solloza.

Enfermedades no diagnosticadas de la guerra tecnológica

La experimentación y la utilización de la bomba atómica, y luego de municiones y de blindajes de uranio empobrecido, contaminaron los lugares donde se realizaron los experimentos y los sitios donde se desarrollaron las operaciones bélicas. Nuevas enfermedades afectaron tanto a los soldados de la alianza atlántica como a sus enemigos, así como a la población civil. Mucho tiempo después del restablecimiento de la paz, las radiaciones siguen contaminando a todo el que ve expuesto a ellas. Aunque los gobiernos «occidentales» obstaculizado voluntariamente, y durante el mayor tiempo posible, toda investigación médica en ese campo, una abundante documentación ha ido acumulándose durante años. Hoy publicamos una amplia síntesis en la que Asaf Durakovic hace un balance de los conocimientos actuales sobre esta catástrofe humanitaria. En lo adelante, la forma en que los países de la OTAN hacen la guerra puede matar también a sus propios ciudadanos en tiempo de paz.

Mercosur: Banqueros de guante blanco duros de atrapar

Por Jorge San Pedro

BUENOS AIRES, ago (IPS) - La lentitud de la justicia y grandes lagunas en la legislación penal de Argentina, Paraguay y Uruguay constituyen los mayores obstáculos para castigar los delitos económicos y el fraude bancario en particular, opinan abogados y expertos anticorrupción.

El aluvión de quiebras y liquidaciones de entidades financieras que sacudió el sur de América desde fines de los años 90 y alcanzó su máximo esplendor en 2002 todavía no ha encontrado una respuesta eficaz de parte de la justicia.

De hecho, varios casos se encuentran en etapa de instrucción y no han sido elevados a juicio. Los banqueros están acusados de diversos delitos, que van desde administración fraudulenta y vaciamiento empresarial hasta fuga de capitales.

"Hay fallas muy claras en materia de derecho penal bancario. No existen herramientas para enfrentar este tipo de delitos", señaló a IPS Pedro Biscay, presidente del no gubernamental Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), con sede en Buenos Aires.

"Es necesario generar nuevas formas de persecución de la delincuencia económica, cuyo corazón es la bancaria", agregó.

La "epidemia" de quiebras bancarias que siguió a la euforia de la globalización de las finanzas y fue, en buena medida, una consecuencia de ese fenómeno, tuvo sus casos paradigmáticos.

En Uruguay, la caída fraudulenta del Grupo Velox, de los hermanos Dante, Jorge, José y Juan Peirano, que controlaba los bancos Montevideo, Caja Obrera y Trade & Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, y del Banco Comercial, de los hermanos Carlos y José Rohm, le significó a ese país un aumento de su deuda de 9.000 a 12.000 millones de dólares, más de 100 por ciento del producto interno bruto de 2003.

Sólo el grupo Peirano se habría apropiado de unos 800 millones de dólares de sus ahorristas, según los liquidadores del TCB, la banca "off shore" (extraterritorial) del insular paraíso fiscal.

El escándalo dejó al descubierto una cadena de fraudes, desvíos de capitales y otras maniobras ilegales con dinero de los depositantes, que afectó a Argentina, Paraguay y Uruguay y tocó a Chile, Perú y el sur de Brasil, toda la zona donde operaba el Grupo Velox.

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PETRÓLEO-ARGENTINA - Concesión camino a la perpetuidad -

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, 19 sep (IPS) - A pedido de dirigentes políticos y activistas, la justicia argentina evalúa la legalidad de la decisión del gobierno provincial de Chubut de prorrogar hasta 2047 la concesión a una firma transnacional del mayor yacimiento petrolífero del país. La medida fue tomada 10 años antes del vencimiento.

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Genocidio estadounidense en Irak

La ocupación estadounidense está provocando un desastre humanitario en Irak
por Sara Flounders

La invasión militar culpable de este genocidio
Una gran cantidad de informes que han sido ampliamente ignorados por la corriente dominante de la prensa, o que los han mencionado sólo de pasada confirman un nivel sin precedente alguno de destrucción de las infraestructuras esenciales, de pérdida de vidas y de desplazamiento generalizado de personas.
Hay más de cuatro millones de refugiados iraquíes y más de un millón de muertos. EL 70% de la población infantil no va al colegio. Con todo, estos informes y estadísticas no empiezan a contar la historia de destrucción y violencia ocasionadas por la ocupación estadounidense.
Durante los 12 años de sanciones, desde agosto de 1990 hasta marzo de 2003, impuestas por Estados Unidos y que crearon una enorme hambruna, toda la población de Iraq seguía estando alfabetizada y luchaban por mantener el suministro de agua potable y de electricidad, y unas raciones alimenticias básicas para su población de 25 millones de personas.
Ahora, según Oxfam y una red de 80 agencias de ayuda, 8 millones de personas, esto es, casi una tercera parte de la población, necesita ayuda de emergencia.

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El silencio es salud

Por Pepe Eliaschev

25.08.2007 | 23:57

Silencio en la noche, el músculo duerme, la pasión descansa.” No se dieron por aludidas, naturalmente, las Madres de Plaza de Mayo. Tampoco se anoticiaron las de la Línea Fundadora. En las Abuelas, nadie reconoció haberse enterado. Igual y comprensible ausencia de parte del CELS, cuyo presidente es Horacio Verbitsky. Mutis por el foro de los otros grupos afines. Los presidentes de las comisiones de Defensa del Congreso (el diputado peronista Jorge Villaverde y la senadora kirchnerista Marita Perceval) cerraron sus bocas. Ni una palabra del secretario de Derechos Humanos, Eduardo L. Duhalde. Tampoco profirió palabra la ministra Nilda Garré, que no sabe qué es un fusil FAL y tampoco de este caso.
Sin embargo, el garrotazo fue ineludible; de modo que ignorarlo era, sencillamente, imposible.
En su edición del domingo 5 de agosto, PERFIL publicó en su cuerpo principal una nota de tres páginas. Informaba que el actual director de Planeamiento del Ejército, general de División Jorge A. Tereso, fue ascendido en 2005 a su grado actual por el presidente Néstor Kirchner, pese a haber sido condecorado en 1979 por el entonces jefe de la Armada, el ex almirante Emilio Massera, por su actuación en la llamada Fuerza de Tareas 3.3., de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre 1976 y 1978.
En esa extensa investigación, PERFIL comprobó que Tereso, entonces teniente 1º, fue condecorado por Massera con el aval personal de Carlos G. Suárez Mason.
Tereso fue designado general de División por Kirchner un año después de que fue cancelada su designación como secretario general del Ejército, cargo al que llegó de la mano del jefe del Arma nombrado por el Presidente, teniente general Roberto F. Bendini.
Así, PERFIL comprobó que, como teniente 1º, Tereso participó del Grupo de Tareas 3.3., de la ESMA, durante los peores años de la guerra sucia contra la subversión. En ese GT, emblema del terror de Estado, se desenvolvieron, entre otros, Pernías, Acosta y Astiz, del grupo involucrado en el enfrentamiento que terminó con la vida de Rodolfo J. Walsh, cuyos restos nunca aparecieron.
La revelación de este diario se produjo al verificar que, en su edición 4.254, el Boletín Público del Ejército (BPE) incluyó el 13 de junio de 1979 en su página 434 el texto firmado por el entonces general Suárez Mason, autorizando a Tereso y otros oficiales a aceptar la medalla de Massera, distinción denominada “Honor al Valor en Combate”.
Impresiona que esto suceda en medio del silencio de quienes descalifican los logros de anteriores gobiernos democráticos. Los estigmatizan, adjudicándoles sostener una supuesta teoría de “los dos demonios”. Proclaman que en la Argentina la impunidad en materia de derechos humanos terminó recién a partir de mayo de 2003, cuando Kirchner llegó al poder.
Barruntemos conjeturas pero, antes, digamos lo más acuciante: haber participado del Grupo de Tareas de la ESMA no fue un destino protocolar o un refugio tranquilizante. Esos hombres agrupados por la Armada eran la punta de diamante de la batalla contrarrevolucionaria y sus actividades fueron clandestinas y extremadamente violentas.
Amparados en el anonimato, trabajaron para Massera en la más oscura y sórdida de las misiones. Secuestraron, torturaron y mataron. Luchaban contra guerrilleros, terroristas y subversivos, desde luego, no contra boy scouts; pero lo hicieron de la peor y más repudiable manera, al margen de la ley y de las normas civilizadas. Que un teniente 1º del Ejército que integró esa banda haya permanecido luego en actividad durante 30 años, y hoy siga prestando funciones relevantes en un Ejército a cuya cúpula anterior barrió Kirchner al asumir, en 2003, por “procesista”, es algo llamativo.
Si este gobierno no sabía hasta el 5 de agosto que un general promovido por Kirchner era un condecorado por Massera, ¿por qué no lo relevó de inmediato, al enterarse, admitiendo que la prueba era contundente? Hacerlo, claro, equivalía a ratificar la torpe incompetencia de Bendini, o algo peor, que Tereso fue sostenido por Bendini. Pero lo bochornoso es fingir que el hecho no existió.
El gobierno de Kirchner ha vivido haciéndose buches con su presunta implacabilidad en materia de juzgamiento de lo sucedido en los años 70.
Ese es su rasgo peculiar, su sobreactuación. Se ha autoproclamado inventor del verdadero fin de la impunidad, mientras que un oficial como el general Tereso ocupa su cargo en el 5º piso del edificio del Estado Mayor General, Azopardo 250, a escasos metros desde donde atiende, desde el 1º de diciembre de 2005, la ministra de Defensa de Kirchner, Nilda Garré.
Nadie, no al menos este reportero, puede suponer que exista una justicia absoluta e implacable, para todos, todo el tiempo y en todo lugar. No creo que eso sea posible. Lo que subleva es que el rasero ideológico con el cual se aniquila y desvaloriza, desde una pétrea ortodoxia, lo acumulado por una sociedad en su trabajosa historia se aplique para consumar la jactanciosa pretensión adánica de haber comenzado la Historia, con mayúscula.
Tereso, condecorado por Massera por sus labores en la ESMA, es general de División por decisión de Kirchner. Lo grave es que los organismos de derechos humanos, sabedores de tan lúgubre verdad, se callen la boca pretendiendo que, como en el INDEC de hoy, lo que no se menciona no existe.
Como ya se ha dicho aquí, es otra malvada pero reveladora mueca del destino que un condecorado integrante del Grupo de Tareas de la ESMA comparta el mismo techo con la ministra de un presidente que, el 24 de marzo de 2004 y desde la ESMA, dijo, furioso: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado, durante 20 años de democracia, tantas atrocidades”.
Los que ahora se callan no deberían haberle puesto precio a su silencio.

Fuente: Perfil

Vidas que no valen nada, Darfur es muerte

Es muy curioso contemplar como los sistemas informativos juegan con la información de una forma tan descarada, ¿acaso vale mas una vida occidental que una africana? Las noticias dan pompa a las “trágicas” muertes de personas en nuestro propio país o en los colindantes por accidentes, violencia de género, y cuestiones semejantes. ¿y que ocurre con los miles de personas que mueren cada día en África? Lo más macabro es comprobar que son muertes realmente crueles, imagínate morir de hambre... sentirse abandonado por el resto del mundo, ver como las fuerzas te abandonan, como no hay nada que llevarse a la boca, ver como tus hijos se convierten en esqueletos vivientes para morir uno tras otro ya que sus fuerzas son mas débiles que las de un adulto, y finalmente reconocer que no hay salida, que nadie acudirá para salvarte, que tu vida no vale ni un miserable euro... ya estas muerto antes de dar el ultimo suspiro, ya estas muerto nada mas nacer en donde la suerte no existe, en donde nada vale nada.......

Los imperios y las leyes

por Altercom, Jorge Gómez Barata

Derecho, ley y justicia, no sólo son palabras diferentes, sino también dimensiones distintas de la cultura y conceptos nodales para ordenar la convivencia, no con arreglo a realidades previas al hombre mismo o a una espiritualidad inmanente, como se nos hace creer, sino en consonancia con intereses materiales. El Derecho es la expresión escrita de la conciencia jurídica, un componente de la conciencia social, formada por las nociones que la sociedad de una época posee acerca de lo legal y lo ilegal. El derecho es universal, mientras que las leyes son locales. Algo puede ser legal en un país e ilegal en otros.

Hasta hace muy poco los tribunales sudafricanos condenaban a los negros según las leyes del apartheid. Que aquellas leyes fueran obligatorias no significa que fueran justas.

Precisamente porque existen leyes injustas, rebelarse contra ellas forma parte de la conciencia jurídica y del Derecho.

La justicia es otra cosa.

En términos estrictamente técnicos es la tasación de los comportamientos conforme a leyes escritas, mediante las que se codifican las nociones dominantes a nivel social acerca de lo permitido y lo prohibido y, en términos filosóficos, una síntesis del ideal humano de la perfección.

Un mundo justo sería perfecto.

Conforme al derecho y a las leyes y en busca de la justicia, los hombres condujeron la evolución de la sociedad, crearon los estados, las formas de gobierno y dieron forma al poder político, que es la quinta esencia del poder.

Todo cuanto tiene que ver con esos procesos, tiene un visible carácter de clase y está regido por sus intereses.

Las leyes y todos los demás actos jurídicos que regulan la actividad de los estados, procuran la perpetuación del sistema y la preeminencia de la clase económicamente dominante. Jamás una reina de Francia hubiera sido ejecutada invocando una ley concebida por la nobleza y para juzgar a los gobernantes nazis fue necesario crear leyes y un tribunal especial y aunque pocos dudan de que el castigo fue justo, todavía se discute si, conforme al Derecho, fue legal.

Algunos opinan que aquel castigo no se atuvo al «debido proceso», que se vulneró la presunción de inocencia y se juzgó por legislaciones que no existían en el momento de cometerse los hechos.

Hay puristas que quisieran presumir inocente a Himmler y exigían que el delito de agresión hubiera sido definido en el Código de Hammurabi o inscripto en las leyes romanas.

Otros, desde otras orillas y con la misma lógica opinan que hubiera sido justo que junto con el almirante Tojo, ideólogo del bombardeo a Pearl Harbour, se hubiera juzgado a Harry Truman que ordenó lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Pretender que el Congreso Americano juzgue a Bush por los crímenes cometidos en Irak es como soñar que el Reichstag hubiera juzgado a Hitler por bombardear a Londres o por perseguir a los judíos.

No hay en los Estados Unidos ninguna ley aplicable a un presidente que como Bush utiliza sus prerrogativas ejecutivas, hace uso de sus derechos como comandante en jefe y que además está respaldado por el Congreso, que religiosamente, en cada ejercicio fiscal aprueba los fondos para que lleve adelante la guerra.

La única posibilidad legal que existe de pedir cuentas al presidente norteamericano es incoar un procedimiento de «impeachement» o juicio político que, previa aprobación por la Cámara de Representantes, sería conducido por el Senado, que cuenta con atribuciones para destituirlo. Una vez consumado ese proceso (carente de implicaciones penales), el ex presidente, convertido en un ciudadano privado puede ser enjuiciado por los tribunales ordinarios.

De los 43 presidentes norteamericanos, cinco han sido amenazados con el impeachement y sólo dos, Johnson y Clinton han sido juzgados por el Senado, ambos fueron absueltos. Otro que estuvo muy cerca fue Nixon que paralizó el proceso al renunciar.

No hay que confundirse. La impopularidad de Bush no se deriva de un repudio a su actuación, sino de la crítica a su falta de eficiencia. Si alguna vez en Estados Unidos se le juzga no será por haber desatado una agresión injusta y cometido un genocidio, sino por haber perdido una guerra que debió ganar para gloria del imperio.

Clinton juzgado por un asunto esencialmente de faldas, conservó poder suficiente para ordenar el arresto de Slobodan Milosevic, el presidente derrotado de Serbia, mas nadie puede ordenar el arresto de Bush.

De eso se tratan los imperios.

Fuente: voltairenet

Si esto hubiera ocurrido en alguna otra parte del mundo, se habría considerado asesinato

IRAQ:
Toque de queda ya asfixia a Samarra
Por Ali al-Fadhily
"Mi sobrino de 10 meses murió de asma porque no podíamos llevarlo al hospital", relató a IPS Nameer Aboud, un joven de 25 años del barrio de Abbasiya, en Samarra.
"Todos los servicios médicos están paralizados a causa de este sitio en Samarra, y muchas personas están muriendo. Si esto hubiera ocurrido en alguna otra parte del mundo, se habría considerado asesinato. Pero, para el mundo, la sangre iraquí es barata", añadió

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SAMARRA, Iraq, 23 may (IPS) - Informes de médicos indican que al menos 10 personas murieron en esta ciudad iraquí, ubicada 125 kilómetros al norte de Bagdad, como resultado del toque de queda impuesto por el gobierno de este país respaldado por Estados Unidos.

Quienes residen en Samarra, de 300.000 habitantes, luchan por conseguir alimentos, aguas y suministros médicos. A los vehículos se les prohibió ingresar o abandonar la ciudad desde el 6 de este mes.

El gobierno iraquí y el ejército estadounidense impusieron un estricto toque de queda en la ciudad ese día, tras el ataque con coche bomba tripulado por un suicida que mató a una docena de oficiales de policía, incluyendo a su jefe local Abd al-Jalil al-Dulaimi.

Samarra es un punto caliente de la resistencia a la ocupación estadounidense en Iraq desde casi el comienzo de la invasión, concretada el 20 de marzo de 2003.

Luego del atentado, fuerzas estadounidenses e iraquíes rodearon la ciudad y sellaron todas las entradas y salidas con bloques de concreto y sacos de arena.

Habitantes de la zona dijeron a IPS que el principal puente de la ciudad fue cerrado, a las ambulancias no se les permite llegar y los residentes enfrentan una situación cada vez más acuciante.

"Estamos siendo masacrados aquí por estos estadounidenses. Las personas están muriendo porque carecemos de todo lo indispensable, y nuestro gobierno parece estar muy feliz por eso", dijo a IPS Majid Hamid, un maestro de escuela en Samarra.

Habitantes y proveedores de servicios dijeron a IPS que la electricidad había sido cortada.

"No hay vida en la ciudad a causa de los castigos colectivos. Privar a las personas de electricidad significa privarlas de agua, atención a la salud y todo lo indispensable para el mantenimiento de la vida, especialmente con la altas temperaturas que hay ahora", declaró a IPS un empleado de la oficina del servicio de electricidad de energía, que habló a condición de mantenerse en el anonimato.

La red eléctrica y el suministro de agua potable en Samarra ya estaban en un estado de franco deterioro.

Los dos corresponsales de IPS en Bagdad estuvieron en Samarra varias veces desde el comienzo de la ocupación y presenciaron de primera mano las tácticas militares estadounidenses de cortar el agua y la electricidad a los habitantes cuando son atacados.

La estrategia defensiva de las fuerzas lideradas por Estados Unidos e iraquíes también incluye la demolición de casas, allanamiento de hogares y detenciones masivas.

"Éste no es el primer sitio que sufrimos. Los estadounidenses lo hacen muy a menudo, y seguirán haciéndolo, dado que no aceptamos su ocupación y todos los desastres que ésta nos trajo", indicó a IPS Nahla Alwan, una farmacéutica de la ciudad.

"Ellos deberían saber que nos molestan más ahora, y les enseñaremos a las futuras generaciones a vengarse por las almas inocentes que mataron los criminales estadounidenses", agregó.

Un médico del principal hospital de Samarra, que como muchos otros habló a condición de no revelar su identidad, informó a IPS que por lo menos 10 personas, entre ellas siete bebés, fallecieron por falta de combustible para los generadores necesarios para hacer funcionar incubadoras y equipos para salvar vidas. Por lo menos dos pacientes ancianos se encontraban entre los muertos.

Pese a las súplicas de los residentes a las fuerzas estadounidenses e iraquíes para permitir el ingreso de asistencia, nadie llegó y el toque de queda continúa.

"Mi sobrino de 10 meses murió de asma porque no podíamos llevarlo al hospital", relató a IPS Nameer Aboud, un joven de 25 años del barrio de Abbasiya, en Samarra.

"Todos los servicios médicos están paralizados a causa de este sitio en Samarra, y muchas personas están muriendo. Si esto hubiera ocurrido en alguna otra parte del mundo, se habría considerado asesinato. Pero, para el mundo, la sangre iraquí es barata", añadió.

"Este castigo colectivo es injusto y muestra claramente cuán crueles son los estadounidenses. Están castigando a personas inocentes de un modo cobarde", señaló a IPS un miembro del Concejo de la ciudad de Samarra.

La organización humanitaria Médicos por Iraq emitió una declaración expresando su grave preocupación en torno al empeoramiento de la situación.

"Médicos por Iraq condena en los términos más fuertes cualquier actividad que impida a civiles acceder a asistencia de salud o humanitaria por parte de todos los actores comprometidos en el conflicto", sostuvo en una declaración.

Los médicos reclamaron un fin inmediato al bloqueo, al que llamaron "un acto de castigo colectivo". Y exigieron que las organizaciones no gubernamentales locales, así como los trabajadores de la salud, tengan acceso a la ciudad.

Un portavoz del ejército estadounidense en Iraq admitió ante los periodistas que las medidas de seguridad impuestas sobre Samarra "volvieron la vida muy difícil" a sus habitantes, pero alegaron que las "autoridades locales" las habían impuesto.

Sin embargo, el corresponsal de IPS vio varios vehículos militares estadounidenses alrededor de la ciudad y, antes, personal militar del mismo país estableciendo controles carreteros al comienzo del sitio.

"Esos cobardes disfrutan matando a nuestros hijos, igual que los funcionarios del gobierno del persa (primer ministro Nouri) Maliki", dijo a IPS Abu Nabhan, de 45 años, en Samarra.

"Ellos parecen estar necesitando más ataques de nuestros benditos hijos en la resistencia, porque este ataque contra el pueblo de Samarra solamente aumentará nuestro odio contra los estadounidenses", aseguró.

La población está cada vez más indignada con las fuerzas ocupantes.

"La situación se está volviendo mucho peor a causa de este comportamiento irresponsable de las fuerzas de Estados Unidos", dijo a IPS un trabajador de una organización no gubernamental local que se identificó como Yassin.

"Están generando más indignación e inclinación por la violencia. Todos nuestros esfuerzos por calmar al pueblo ahora son desperdiciados, dado que más personas que nunca creen en la violencia en vez de en la paz", añadió.(FIN/2007)

Fuente: IPS

La Albert Einstein Institution: no violencia según la CIA

por Thierry Meyssan
La no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin. En los años 80, la OTAN se interesó por su posible uso para organizar la resistencia en Europa después de una invasión del Ejército Rojo. Hace quince años que la CIA la utiliza para derrocar gobiernos recalcitrantes sin provocar la indignación internacional. Para ello dispone de una vitrina ideológica: la Albert Einstein Institution del filósofo Gene Sharp. La Red Voltaire revela la sorprendente actividad de esta oficina, de Lituania a Serbia pasando por Venezuela y Ucrania.

¿Entregará el Irak ocupado su petróleo a las «majors» corporaciones?

por Arthur Lepic

Luego de haber derrocado al único gobierno del mundo que tenía la intención de no seguir aceptando dólares por sus contratos petroleros, la coalición anglosajona trata de obligar al Irak ocupado a ceder sus ingresos petroleros a las compañías occidentales. Una huelga general del sector petrolero iraquí ha retrasado la firma de los contratos más desequilibrados del siglo.

Para ver la nota completa, clickear en el título

Corrupción en el gobierno de Kirchner - Segun Nik

¿Quién invitó al asesino?

Creador de los escuadrones de la muerte en Honduras, organizador de ’la contra‘ nicaragüense, director de inteligencia norteamericana, embajador en Irak, y coordinador de espionaje de los Estados Unidos en el mundo es John Negroponte. ¿Quién invitó al asesino a Ecuador?

Muchos se sorprenderán del historial macabro que tiene este sujeto en el mundo, en especial en países donde desobedecen la política “democrática” de los Estados Unidos de América. ¿Por qué, misteriosamente, visitó Ecuador cuando este país se encuentra, al igual que Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en un proceso político y económico anti-yanqui?

A pretexto de una gira por cuatro países latinoamericanos, donde no estaba, según información pública, Ecuador, para revisar temas comerciales, energéticos y de seguridad, John Negroponte visitó nuestro país. Si bien las conversaciones podrían ser comerciales y energéticas, el tema de seguridad es lo que más le interesaría, porque según, Sanjuana Martínez, de la pagina electrónica “La Fogata”, “El "zar" (Negroponte) no tiene aún funciones concretas, pero su cometido principal será coordinar las 15 agencias de espionaje que Estados Unidos tiene para meterse en los asuntos internos del universo, con la excusa de la "seguridad nacional", que ya ha dado al traste con los derechos civiles de miles de personas, detenidas en cárceles clandestinas o en prisiones sin régimen legal que les proteja”.

¿Quién es Negroponte?

Negroponte, nació en Londres y luego fue naturalizado estadounidense, habla varios idiomas, incluyendo un excelente español, que es muy difícil de encontrar entre los actuales funcionarios de alto rango en la administración Bush.

Este siniestro personaje empezó su macabra función diplomática durante el conflicto de Vietnam (gobierno de Richard Nixon). Por su experiencia diplomática, destrezas burocráticas, pericia en los tratos con los mandos militares y especialista en tareas de seguridad y espionaje, ocupó varios puestos diplomáticos en todo el mundo, especialmente Honduras. Es en este país donde Negroponte, en la administración Reagan, cumple un papel importante de ofensiva anticomunista. Su función inicia siendo embajador de Estados Unidos (1981-1985) y al ser cómplice, como lo afirman los periodistas norteamericanos Gary Cohn y Ginger Thompson, de los escuadrones de la muerte y creador de la base aérea “El Aguacate”, donde EEUU entrenó a los Contras durante los años 80. “La base fue utilizada como un centro clandestino de detención y tortura. En agosto del 2001 comenzaron excavaciones en la base, que ya han descubierto algunos de los cadáveres de las 185 personas que se creen fueron asesinadas y enterradas en la base” indican. Además, concluyen esdichos periodistas, en una investigación que aparece en la Internet, que las violaciones a los derechos humanos crecieron sistemáticamente durante la función de Negroponte. “La CIA y el batallón argentino 601 entrenaron al infame Batallón 316. El batallón fue responsable por secuestrar, torturar y asesinar a cientos de personas. Negroponte sabía de todas estas violaciones a los derechos humanos y sin embargo continuó colaborando con el batallón, al mismo tiempo que le mentía al congreso de EEUU sobre las violaciones en Honduras”.

Luego de ocupar un cargo diplomático también en México, el presidente Bill Clinton lo nombró como embajador en Filipinas y posteriormente como su negociador en Panamá, para ver si se podía mantener la presencia de tropas estadounidenses en el Canal una vez que éste fuera devuelto al país centroamericano. En 1997 se traslada al sector privado como vicepresidente de operaciones de la empresa editora MC Graw Hill, sin embargo, es en el 2001 cuando Bush le designa embajador de EEUU ante la ONU. Ahora es el segundo al mando de seguridad, luego de la también siniestra Condeleza Rice.

Que sepa en el mundo que México contraviene las normas internacionales

“Que se sepa en el mundo que México contraviene las normas internacionales que se ha comprometido a cumplir. Y no las está cumpliendo por la manera tan amplia en que se desarrolla el trabajo infantil en el país; la mayor parte de ellos, niños indígenas menores de 12 años”, (relator especial de derechos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Bustamante)

México
Desplazados por la violencia silenciosa
por Zósimo Camacho

Miles de indígenas de la Montaña de Guerrero abandonan sus comunidades en busca de sustento. Las familias sólo regresan para sepultar a quienes mueren a consecuencia de las precarias condiciones de trabajo a las que son sometidas por las trasnacionales. Agrícola Paredes se niega a indemnizar a la familia del niño David Salgado, muerto mientras cosechaba jitomate.
Zósimo Camacho / Julio César Henández, fotos / enviados

Tlapa de Comonfort, Guerrero. Rachas de aire caliente corren por las desoladas calles de Ayotzinapa, perteneciente a este municipio. Un burro deambula alrededor del exiguo y turbio río que atraviesa la comunidad nahua. A lo lejos, una anciana envuelta en su rebozo cruza apresuradamente la calle. Más allá, sólo los adustos cerros que rodean el pueblo. Montañas trágicas en las que se tuestan al sol arbustos espinosos.

Casi todos se fueron en diciembre pasado. David Salgado Aranda, de ocho años, salió con sus padres y dos de sus hermanos a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa. Fue uno de los 50 mil hombres, mujeres y niños que emigraron de Guerrero durante el año pasado, de los cuales alrededor de 25 mil salieron de la región de la Montaña, según estimaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Un éxodo que deja cientos de comunidades despobladas; viejos abandonados; escuelas sin alumnos ni maestros; iglesias sin feligreses.

David regresó muerto. El niño recogía jitomate en el campo de Santa Lucía, municipio de Costa Rica, Sinaloa. Tropezó con un cordón suelto de su pantalón y cayó en el surco justo cuando pasaba el tractor. Era 6 de enero de 2007. Su hermano, Silvestre, de 15 años, lo sacó de entre las llantas de la maquinaria, empapado de sangre y con la cabeza aplastada. Agrícola Paredes, la trasnacional que “contrató” a David y le pagaba 67 pesos al día por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tarde, se rehúsa -con la anuencia de las autoridades federales- a indemnizar a la familia Salgado Aranda.

Cruz Salgado Paris, de 53 años, y Agustina Aranda Huerta, de 44, regresaron a Ayotzinapa junto con sus otros hijos para sepultar a David. Esperan la oportunidad de volver a contratarse como jornaleros con otra trasnacional. No tienen más opciones. La magra cosecha de maíz ya se ha acabado y la tradicional elaboración de sombreros de palma les arroja una ganancia de alrededor de 20 pesos por semana.

Conteniendo las lágrimas, Agustina dice, entre frases de español y náhuatl, que “ocurrió como a la una de la tarde. Nos metimos al surco a cortar. Un hilito le agarró su piecito y me lo aventó; pero no para afuera sino que lo jaló a la batanga, que a’i venía en chinga, y me lo pasó a traer”.

Para no romper en llanto, respira profundamente. Observa a sus hijos menores, de entre dos y siete años, quienes sólo hablan náhuatl, y agrega en español: “Estos chiquitos no saben que su hermano se murió, pues no vieron. Nomás preguntan por él, que adónde anda. Nosotros les decimos que no está aquí y que a ver cuándo va a venir”.

César Paredes, el dueño de la empresa agrícola, pagó el traslado del cuerpo y el pasaje de la familia, que regresó a su tierra natal para celebrar los funerales. También costeó el ataúd, cirios y flores, así como el salario de los días en que la familia no laboró por sepultar a David. Nada más. En total, la trasnacional erogó 34 mil pesos.

Asegura que con ello ya “indemnizó” a la familia. Cuenta con el respaldo de la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo, Patricia Espinosa Torres, para quien “la empresa ya pagó lo que tenía que pagar”, según declaró al reportero Ernesto Méndez, del diario Excélsior.

Sin embargo, Margarita Nemecio, coordinadora del Programa de Jornaleros Agrícolas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rechaza que eso constituya, de acuerdo con las leyes mexicanas, una indemnización. Por ello, el centro defensor de derechos humanos ya interpuso, a nombre de la familia, una demanda en materia laboral y otra en materia penal en contra de Agrícola Paredes.

Margarita Nemecio estima que, de acuerdo con la Ley, la indemnización para la familia del niño jornalero –quien murió en horas y lugar de trabajo– debería de superar los 100 mil pesos sin contar los gastos funerarios.

La empresa de la familia Paredes cultiva mil 200 hectáreas de verduras a campo abierto y mil 500 de maíz. Aunque no invierte en ningún tipo de seguridad social para sus trabajadores, sí cuenta con la más alta tecnología para producir más de 1.2 millones al año de cajas de jitomates, tomates, berenjenas y pimientos. Se consumen en Estados Unidos y Canadá bajo las marcas Divemex, Chelita, SPV y Paris.

H.M. Distributors, con sede en Arizona, se encarga de la distribución en Estados Unidos; mientras que en Canadá los productos de Agrícola Paredes son comercializados por The Oppenheimer Group.

“Es inaceptable que Humberto Monteverde, dueño de H.M. Distributors, patrocinador de la Comisión Arizona-México, director del Fresh Produce Association of the Americas y donante en la campaña del candidato republicano de Arizona, Jon Kyl, al Senado de Estados Unidos; y John Anderson, presidente y ejecutivo de The Oppenheimer Group, y nombrado ‘Productor del año’ y ‘Empresario del año’ en Canadá, estén beneficiándose del trabajo, y a veces la muerte, de niños jornaleros en México”, dice Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Y es que para proteger a la compañía, autoridades y empresarios hicieron firmar a los padres de David –sin asesoría– documentos en los que exculpan de toda responsabilidad a Agrícola Paredes. “Lo hicieron con dolo porque la familia está muy alejada de los términos jurídicos que ahí se manejan”, dice Margarita Nemecio.

Además, a pesar de que el Ministerio Público hizo el levantamiento del cadáver en el campo, en el acta de defunción consta que la muerte del menor ocurrió “en la vía pública”. Tampoco se inició una averiguación previa para detener al conductor del tractor responsable del homicidio culposo.

La gravedad del caso motivó que el relator especial de derechos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Bustamante, condenara al gobierno mexicano.

“(Que) se sepa en el mundo que México contraviene las normas internacionales que se ha comprometido a cumplir. Y no las está cumpliendo por la manera tan amplia en que se desarrolla el trabajo infantil en el país; la mayor parte de ellos, niños indígenas menores de 12 años”, dijo al visitar a la familia de este pueblo de Ayotzinapa el 7 de marzo pasado.

El relator agregó que el presidente Felipe Calderón no puede decir a los inversionistas que “traigan su dinero porque éste es un país de leyes y que aquí se cumple la ley, pues no es cierto”.

Más muertes

Sin embargo, el caso de David no es el único. Además del niño de Ayotzinapa, durante este 2007 han muerto otros tres emigrantes oriundos de la Montaña en los campos de cultivo de verduras exóticas que ni siquiera se consumen en México. Y, de acuerdo con el Reporte anual del Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales, de Tlachinollan, 12 jornaleros de esta misma región murieron en campos de los estados del norte del país en 2006 a causa de ahogamientos, intoxicaciones y accidentes vehiculares.

Constantemente los familiares de los emigrantes que mueren en accidentes de trabajo deben negociar el traslado del cuerpo con los empleadores, quienes generalmente se niegan a sufragar ese gasto. Bonifacio González Rodríguez, de la comunidad Benito Juárez, municipio de Atlamajalcingo del Monte, debió entablar –asesorado por Tlachinollan– una negociación con la empresa agrícola Rancho Miramar para que trasladara el cadáver de su hermano.

Maximino González Rodríguez murió el 5 de agosto de 2006 en los campos de Santa Catarina, municipio de Ensenada, Baja California, por “un golpe de calor”, según el parte médico. El trabajo a campo abierto con temperaturas que oscilan entre los 35 y 45 grados centígrados le provocó al indígena nu’saavi un rebote y un bombeo de la sangre que le formó cuatro coágulos en el cerebro y en la aorta.

Bonifacio se enteró tres días después, cuando sigilosamente la empresa estaba a punto de sepultarlo en Baja California para ahorrarse el traslado del cuerpo. Luego de tortuosas negociaciones, el féretro llegó a Guerrero nueve días más tarde, el 17 de agosto.

Siete municipios montañeros son los principales expulsores de mano de obra barata en el país. Cientos de comunidades de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Copanatoyac, Tlapa, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca se encuentran abandonadas.

Alrededor del 90 por ciento de la población de Ayotzinapa se fue de la comunidad en diciembre pasado. Sólo alrededor de 40 personas se quedaron. “Aquí están los que son viejitos y los que tienen sus chivitas o vaquitas; pero la mayor parte no tiene y se van a buscar trabajo pa’ que no sufran”, dice Cruz Salgado.

El pueblo luce desolado. Los pocos que se quedaron prefieren resguardarse del sol en el interior de sus casas. Con el dinero que les envían sus familiares han montado tiendas en las que esperan clientes que nunca llegan. En las calles deambulan burros y becerros sueltos. A través de las ventanas de la escuela solitaria se alcanzan a ver algunos pupitres y un escritorio. Como no hay niños, el maestro también se fue en diciembre.

En la reverberación del sol la plaza parece hecha de vapores. La iglesia se encuentra cerrada en plena cuaresma. Lejos quedaron los días de la fiesta más importante del pueblo, cuando se realizaba la petición de lluvias. En las paredes de la comisaría de esta comunidad nahua han aparecido las pintas: “Barrio 13 Sur”, presuntamente hechas por algunos jóvenes que regresaron por algún tiempo luego de trabajar en Estados Unidos.

La familia Salgado Aranda espera que Agrícola Paredes la indemnice conforme a la Ley para salir de nueva cuenta en busca de trabajo. “Aquí, la verdad, en este pueblo, no hay nada. Tenemos que buscar en otro lado el trabajo. Ya no queremos en Sinaloa pero sí tenemos que salir de aquí. Si no, qué vamos a comer. No vamos a tener dinero”, dice Cruz Salgado.

Sombreros a peso

Agustina y Cruz casi no salen de su casa. Pasan el día elaborando sombreros de palma, el único trabajo que se puede realizar en el pueblo. Confeccionan uno por día. Les pagan dos pesos por sombrero fabricado. Los venden en esta cabecera de Tlapa de Comonfort, donde también compran la palma. La que necesitan para tejer un sombrero les cuesta un peso. Así, ganan un peso por sombrero.

El matrimonio, al que le sobreviven cuatro niños, obtiene 28 pesos a la quincena en jornadas diarias que superan las 12 horas. Mientras sus manos entrelazan largas hebras de palma, Cruz platica que “es muy poquito lo que se gana en esto; ya nomás (hacemos sombreros) pa’ que no nos estemos durmiendo y para que nuestros hijos, la chiquilla, puedan comerse una galleta”.

Agrega que “ni siquiera hemos sabido en dónde venden los sombreros; creo que ni siquiera en el estado. Pero así siempre todo el pueblo… bueno, los que se quedan aquí hacemos este tipo de sombrero”.

Silvestre, quien socorrió infructuosamente a su hermano, dice que no quiere regresar a Sinaloa. Sin embargo, el adolescente sabe que no tiene otra opción más que salir de nueva cuenta en búsqueda “del trabajo que encuentre”. No terminó la educación primaria y, como para todos los niños y jóvenes de Ayotzinapa, la escuela no le representa nada. Sabe que no tiene la más remota posibilidad de acceder al “derecho a la educación”.

Espera el momento de partir, junto con su familia, y dejar más solitario su pueblo en un éxodo que no termina, donde la guerra silenciosa de la miseria desplaza anualmente de la Montaña de Guerrero 25 mil nu’saavis, me’phaa, nahuas y mestizos.

Fuente: Voltairenet -Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77

Plan Puebla Panamá - Paramilitares se enfrentan a la Sedena

por Nancy Flores

Bastión del grupo armado antizapatista Paz y Justicia, la comunidad de El Limar (Chiapas) se enfrenta ahora judicialmente al Ejército: los pobladores exigen la restitución de las tierras donde se asienta un campamento de la Sedena; mientras esta última acusa a los ejidatarios de “atentar contra su honor”, amenaza con promover un juicio por difamación y acelera la expropiación ilegal del terreno.
Nancy Flores/enviada

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En lo que podría constituir un rompimiento entre el Ejército Mexicano y un sector simpatizante del grupo paramilitar Paz y Justicia, ejidatarios de El Limar, municipio de Tila, exigen judicialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la restitución de más de ocho hectáreas.

En el terreno en litigio se asienta la base de operaciones El Limar, adscrita a la compañía de infantería no encuadrada de la 39 zona militar, desde donde se suelen explotar granadas en forma “accidental”, incluso en el perímetro de la población, señalan los habitantes.

En el expediente del juicio 1144/2006, radicado en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtla Gutiérrez, también se da cuenta de otros excesos de la tropa, como la realización de disparos al aire durante las madrugadas y el acoso sexual en contra de las mujeres, particularmente menores de edad, a quienes los soldados intentan prostituir.

Además, las autoridades ejidales de El Limar acusan que en la comunidad se acrecientan las infecciones venéreas por culpa de los efectivos del Ejército. Y también los denuncian por causar daños a la moral y exhibicionismo: “al estar ebrios, hacen sus necesidades fisiológicas sin pudor ni recato alguno a la vista de la población”.

De acuerdo con información de los residentes, de 1996 –año en que se instaló el cuartel– a la fecha se tiene un registro de 32 niños hijos de soldados. Ante estos señalamientos, la Sedena dice ser objeto de “ofensa, mediante la difamación, o sea, el descrédito ante terceros”.

Sin iniciar investigación alguna, y a pesar de que El Limar no es el único sitio en el país donde se hacen públicos los abusos de los soldados en contra de la población civil (recurrentes en zonas militarizadas, donde incluso se han registrado violaciones sexuales y muertes), la Defensa Nacional deslinda a sus efectivos.

En la contestación a la demanda agraria también advierte que los hechos expuestos generan “la animadversión y la pérdida de confiabilidad hacia la institución, al publicar o decir cosas mal intencionadas en contra de su buena opinión y fama como garante de la seguridad, tanto interior como exterior, de la nación”.

La Defensa Nacional -en voz del general brigadier de justicia militar y licenciado, en su carácter de ministerio público militar, Ramón Tovar Caballero- no omite descalificar la versión de los pobladores: “al prejuzgar dolosa e infundadamente la conducta del personal militar destacamentado en el inmueble al que se hace referencia, sin sustentarlo con ningún medio de prueba, se atenta contra el honor de dicha secretaría de Estado”.

Según la Sedena, la comunidad de El Limar pretende causarle “descrédito y deshonra, exponiendo a la opinión pública el desprecio”. Por lo que solicita a las autoridades que, en caso de no acreditar las “graves imputaciones”, inicie averiguación previa en contra de las autoridades ejidales y su representante legal Fernando García Martínez.

José Francisco Gallardo, general brigadier del Ejército y candidato a doctor en Administración Pública por la UNAM, explica que las comunidades indígenas de Chiapas están asentadas en los yacimientos de petróleo, de uranio, en zonas con biodiversidad muy rica y grandes depósitos de agua. Por ello, indica, el objetivo del gobierno federal es expulsarlos.

Para conseguir este fin, expone Gallardo, “el gobierno utiliza la técnica de guerra de baja intensidad, que incluye la provocación de desplazamientos de las comunidades: esto se logra hostigándolos, haciendo disparos al aire, prostituyendo a las mujeres, cooptando el sistema de comercio local, envenenando o ensuciando los ojos de agua”.

El general dice que en el fondo de estas acciones se encuentra el Plan Puebla Panamá, anunciado por Vicente Fox y retomado por el presidente Felipe Calderón. “Lo único que obstaculiza a este plan son las comunidades indígenas, sobre todo las zapatistas”.

El litigio

Desde el inicio de la contrainsurgencia, a El Limar se le conoció como bastión de Paz y Justicia, grupo armado que ha mantenido una estrecha relación con la Sedena, según lo documentado en 2005 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Sin embargo, tras el litigio agrario y el acercamiento de las autoridades ejidales con dicho centro de procuración de los derechos humanos, el vínculo entre adherentes de Paz y Justicia y militares parece estar, cuando menos, fracturado.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro Fray Bartolomé de las Casas, explica que en la década de 1990 El Limar, fue un lugar donde Paz y Justicia obtenía armas y recursos. “Hoy, los priístas y no priístas, los paramilitares y no paramilitares, están pidiendo la salida del Ejército”.

De acuerdo con el expediente, del cual se posee copia, la comunidad exige “se condene a la Sedena a la desocupación y entrega a favor del núcleo agrario que representamos, la restitución del solar 1 manzana 35, con una superficie total de 8.62 hectáreas que actualmente ocupa el cuartel militar en la localidad de El Limar, municipio de Tila, Chiapas”.

Sin fijar aún el monto, las autoridades ejidales también solicitan el pago de una indemnización por los posibles daños causados, así como la cancelación de cualquier convenio que haya facultado al Ejército la posesión del terreno.

Con este último punto, los “limeros” pretenden invalidar el acta de acuerdo –fechada el 22 de julio de 1996 y signada por Carmelino Gómez López y Roberto Díaz Ramírez, entonces comisariado ejidal y consejo de vigilancia, respectivamente– que establece la donación de las 8.62 hectáreas para la instalación del cuartel militar.

Aunque dicho documento fue ratificado el 28 de julio de ese mismo año por la asamblea general, los ejidatarios no sólo se desisten de la concesión sino que denuncian haber sido presionados por sus líderes de Paz y Justicia.

A inicios de marzo pasado, el ex comisariado ejidal, Carmelino Gómez, testificó ante el Tribunal Unitario Agrario que sí firmó las actas de donación, pero aclaró que fue bajo la amenaza de muerte hecha por Diego Vázquez Pérez, líder del grupo armado antizapatista, quien se encuentra preso en el penal El Amate.

Expropiar la tierra

Con el conflicto judicial, la Secretaría de la Defensa ha acelerado el proceso de expropiación, que de por sí ya había solicitado, advierte Michael Chamberlin. De acuerdo con el oficio 18601, dirigido a la entonces secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, el 15 de febrero de 2001 la Sedena pide que sea expropiado el terreno.

Como utilidad pública, la solicitud 12566/Sedena alude: “las actividades castrenses e instalaciones que se pretenden edificar tienen por objeto establecer la infraestructura necesaria que permita al instituto armado cumplir cabalmente con sus misiones constitucionales y legales, así como las órdenes del presidente de la República”.

Hasta la fecha, dicha petición se encuentra suspendida “porque el expediente no ha sido debidamente integrado, toda vez que hace falta el certificado parcelario de las tierras ejidales solicitadas en expropiación, mismo que obra en poder del Comisariado Ejidal”, indica el oficio 00001048, emitido por la representación especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas.

De aprobarse esta expropiación, el Ejército pagará al ejido El Limar tan sólo 158 mil 950 pesos por las 8.6 hectáreas, según el dictamen 06-06-108 secuencial G-38822, del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales.

José Francisco Gallardo refiere que las expropiaciones hechas a favor de la Defensa Nacional carecen de legalidad, pues el interés público al que apelan es la construcción de un cuartel. Además, reconoce que antes de obtener este beneficio, el Ejército se posesiona de terrenos que no son de su propiedad y que ello responde a la misma guerra de baja intensidad.

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas tiene documentados 71 campamentos militares permanentes en el territorio indígena de Chiapas. “Sólo en territorio indígena”, destaca Ernesto Ledesma.

El investigador añade que en la actuación de los militares “hay impunidad total”. “Basta revisar qué oficial ha sido castigado en Chiapas. Ninguno. Hasta hoy, el caso de los militares que violaron a las tres mujeres en Morelia se mantiene en total impunidad”.

La defensa

La amenaza del Ejército en su contra, sobre un posible proceso judicial por haber “difamado” a la Secretaría de la Defensa Nacional, motivó que a inicios de marzo pasado las autoridades ejidales de El Limar solicitaran asesoría al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

De acuerdo con Rubén Moreno, adscrito al área de atención inmediata del CDHFBC y quien da seguimiento a este caso, el centro prepara la estrategia jurídica para la defensa de los ejidatarios.

El defensor adelanta que con los testimonios reunidos se está demostrando que hubo presión, y que las autoridades fueron amenazas para firmar el acta de donación. Por ello considera que hay suficientes elementos para determinar que el Ejército se posesionó de las ocho hectáreas en forma “dolosa, amañada y de mala fe”.

Rubén Moreno dice que, con las pruebas integradas hasta ahora, el Tribunal Unitario Agrario tiene elementos para darle la razón a los ejidatarios. “Los testimonios de la comunidad y de las ex autoridades deben ser un punto fundamental en la resolución del problema, para que el Ejército restituya las tierras”.

Previo a la promoción del juicio, los habitantes denunciaron estas acciones -que el general Gallardo identifica como estrategias de la guerra de baja intensidad- al entonces presidente de México, Vicente Fox. El 23 de mayo de 2003 y el 6 de junio de 2004 solicitaron al mandatario panista que conminara a la Sedena a retirar voluntariamente a su personal destacado en la zona. El 9 de enero de 2005 notificaron al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía la decisión de expulsar a los militares de sus tierras.

Los oficios girados a las autoridades federal y estatal jamás fueron respondidos y mucho menos resueltos; por lo que, el 8 de septiembre de 2006, el presidente del Comisariado Ejidal, Vicente Hernández López, el secretario Ignacio Jiménez Pérez, el tesorero Mario López Martínez y el presidente del Consejo de Vigilancia, Visael Martínez Pérez, interpusieron la demanda en contra del Ejército.

Michael Chamberlin señala que “frente a esta invasión, a este poder y a esta impunidad que significa el Ejército hay muy pocos recursos de defensa para la gente, que tiene que vivir en una situación de militarización. Se sigue viviendo con temor, las mujeres no pueden salir solas a determinadas horas, hay detenciones de personas, toman recursos del ejido como pozos de agua o leña. Sí hay una afectación: en Chiapas no hay libertad de tránsito, de plena garantía de derechos. Es una situación de excepción que no va a terminar hasta que salga el Ejército”.

Casos como el de la fallecida anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por soldados en la sierra de Zongolica, Veracruz, revelan claramente que va a haber un marco de total impunidad. Si ya la tenía el Ejército, ahora va a ser plena y absoluta, porque la legitimidad de Felipe Calderón depende de las fuerzas Armadas, dice Ernesto Ledesma.

Fuente: Voltaire net - Publicado: Abril 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 77